En un escenario internacional marcado por la creciente disputa entre Estados Unidos y China, Chile enfrenta un complejo panorama económico y geopolítico. Así lo analizó Orlando Balboa, jefe de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago, al abordar los principales desafíos del gobierno del presidente José Antonio Kast.

Uno de los puntos clave es el rol estratégico de las tierras raras, minerales fundamentales para el desarrollo tecnológico y la industria de defensa. “En el contexto internacional China lleva avanzando en la tecnología mucho tiempo y eso ha sido un pilar de la política económica que ha sido liderado por el Estado”, explicó Balboa, advirtiendo que esto ha generado “problemas o preocupación principalmente a Europa y Estados Unidos”.

En esa línea, agregó que “no es solamente con Trump, Biden también demostró cierta preocupación de esta instalación de China como una potencia que busca básicamente desplazar al resto del mundo”, destacando que en este escenario “perfectamente cabe el tema de las tierras raras y los minerales, que son clave en el desarrollo de la tecnología y la industria de la defensa”.

Respecto al interés de Estados Unidos en la región, el académico sostuvo que “probablemente mucho de esta discusión, que ha surgido de las tierras raras y el interés, sobre todo en América Latina, es debido a que hay una parte importante de reservas de este tipo”, lo que explica los esfuerzos por “evitar que China tome el control prácticamente completo”.

En este contexto, Chile se enfrenta a un delicado equilibrio. “El gobierno del presidente José Antonio Kast está recién instalándose, y se encuentra con un contexto geopolítico bien complejo”, afirmó Balboa, subrayando que “China y Estados Unidos son los grandes socios comerciales de Chile”.

Asimismo, advirtió sobre las tensiones que puede generar este escenario: “No estamos hablando de una inversión de portafolio, sino de la instalación de empresas, filiales de empresas chinas o tomas de control de empresas”, lo que vuelve aún más sensible la relación. En esa línea, graficó el desafío señalando que “tampoco podemos estar molestando a este dragón chino, sino el águila americana también nos empieza a picotear”.

A nivel interno, el economista planteó que el gobierno enfrenta un escenario fiscal complejo, con presiones por reducir el déficit y reactivar la economía. “Hay una preocupación creciente en los economistas por este alza del déficit fiscal y el impacto que tiene eso sobre la deuda”, indicó, mencionando además las alertas de clasificadoras de riesgo como Moody’s.

Sobre las medidas para enfrentar este escenario, advirtió que los recortes deben manejarse con cautela: “Cuando tú tienes que empezar a recortar gastos, hay que ser súper cuidadoso”, ya que “los programas sociales son los primeros que se resienten”.

En cuanto a la reducción de impuestos como estrategia para incentivar la inversión, Balboa fue claro: “La evidencia muestra que es complejo y muchas veces termina provocando reducciones en los ingresos del gobierno, y tiende a incrementar el déficit”.

En paralelo, el gobierno ha impulsado medidas para destrabar proyectos de inversión, especialmente en materia ambiental. Al respecto, el académico explicó que “tú tienes todas estas entidades que se especializan en la evaluación del impacto ambiental, pero también tenías comités políticos que al final decían qué hacer”, lo que abre espacio a presiones externas.

Asimismo, advirtió que “terminas sobrejudicializando procesos que son técnicos”, lo que puede ralentizar las inversiones. “Al final el inversionista se aburre”, sostuvo, aunque subrayó la importancia de mantener espacios de participación: “la pregunta es si estas comunidades tienen instancia de poder hacer sus descargos frente a la entidad regulatoria”.

Finalmente, el académico enfatizó los riesgos sociales de ajustes mal implementados. “Si tú llegas y cortas programas, puedes generar un problema social”, afirmó, agregando que también existe una percepción ciudadana que debe ser considerada: “Es importante que no sólo la percepción de la gente sea que el nuevo gobierno quiere apretar al ciudadano común”.

En este escenario, las decisiones económicas y políticas que adopte el gobierno en sus primeros meses serán clave para definir no solo la estabilidad fiscal del país, sino también su posicionamiento en un contexto internacional cada vez más tensionado y competitivo.

Este viernes, el precio del petróleo en los mercados internacionales registró un alza de poco más del 1%, ya que Estados Unidos e Irán seguían adelante con sus negociaciones.

Pero el escenario puede cambiar abruptamente en las próximas horas tras los ataques de este sábado. “Eso va a depender del tiempo en que este conflicto permanece y la fuerza con que él se manifieste en la acción política guerrera, y en la baja perspectiva de soluciones en el corto plazo”, explica Víctor Salas del Departamento de Economía Usach.

Pero más allá de lo que dure los ataques, hay un punto geográfico esencial que se ubica en el epicentro del conflicto.

Hablamos del estrecho de Ormuz, un punto clave en el comercio internacional de hidrocarburos. Irán controla esta ruta marítima por donde fluye más del 20% del petróleo mundial. Este paso conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico.

Funciona como un embudo geográfico crucial por donde transita una quinta parte de la energía que consume el planeta. Flanqueado por Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, su navegación real se limita a canales de apenas 3 kilómetros de ancho, lo que convierte en un vulnerable cuello de botella. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos exporta el 66% de su petróleo, mientras que Arabia Saudita e Irak envían el 89% y el 97% respectivamente.

Y por último, Irán, Kuwait y Catar exportan por esta ruta el 100% de lo que producen, por lo que el cierre total de dicho paso podría provocar que se dispare el precio de este hidrocarburo, lo que afectaría a los países asiáticos europeos y como efecto dominó al resto del mundo, trayendo consecuencias catastróficas para la economía mundial. 

“La clave es el rol que jugaría Catar, debido a que entre el 20 y el 30% del gas natural licuado producido en el mundo pasa a través del estrecho de Ormuz y por lo tanto, si se generan bloqueos en esta zona importante, ya lo que es la zona de Asia, donde India, China, Japón, que son países que aproximadamente el 60% de sus exportaciones de gas viene desde Catar, verían incrementados sus precios y por el lado de Europa sería más complicado debido a que ya vienen con un problema de sustitución del gas ruso”, comenta César Valencia, analista económico. 

Víctor Salas, enfatiza en las consecuencias, “cerrar Ormuz, además, es un problema de alto riesgo no sólo para el precio del petróleo y para los países, Estados Unidos y el resto del mundo, sino que también para Irán y para su socio China, que compra mucho de ese petróleo”.

Consecuencias del aumento del precio del crudo, que puede afectar en un futuro no tan lejano nuestro país, efecto que se traduce directamente en que el costo de la vida se dispare. 

“Tiene efectos de aumento de costo en todos los sectores de la economía. Esto es una cuestión que de repente se olvida uno, producimos mucha energía con petróleo, con diésel, todavía producimos y necesitamos el diésel para el transporte y para varios de los sectores de la industria”, finaliza el académico de la Universidad Santiago de Chile.

Por lo que el llamado es estar atentos a lo que pueda ocurrir con este conflicto, porque la intensificación de las tensiones de Medio Oriente puede traer consecuencias negativas para el bolsillo de todas las personas en el planeta.

https://www.chilevision.cl/noticias/internacional/video/petroleo-en-alerta-el-riesgo-global-si-se-cierra-el-estrecho-de-ormuz

Con el objetivo de formar profesionales más integrales, el Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile continúa consolidando su Línea de Comunicaciones, una iniciativa orientada a fortalecer las habilidades comunicacionales de sus estudiantes y prepararlos para enfrentar los desafíos del entorno profesional.

En este contexto, se incorporan nuevos docentes con destacada trayectoria en medios de comunicación y experiencia en economía, quienes aportarán una mirada práctica y actual a la formación. 

Marisol Olivares es periodista de la Universidad Diego Portales, Magíster en Comunicación Estratégica y actualmente está cursando un doctorado en Comunicación para seguir complementando su formación como profesional del periodismo.

Ha trabajado en importantes medios informativos como El Mercurio, The Clinic y La Tercera, así como en instituciones del sector público como La Moneda y la Cancillería. Actualmente, es coordinadora del Área de Comunicación para Economistas y forma parte del cuerpo docente del departamento, donde está a cargo del electivo Taller de Actualidad Política y Económica.

“Después de 3 años de trabajar con mucho esfuerzo y con mucho cariño en el departamento, hoy logramos crear un equipo excepcional de profesionales para que los formen en cómo transmitir a las personas herramientas para tomar decisiones”, comenta la periodista Marisol Olivares.

Otro de los nuevos integrantes de la Línea de Comunicaciones del departamento es el periodista económico Carlos Agurto, quien liderará el curso electivo Comunicación Económica en formatos digitales y espacios públicos. Carlos cuenta con más de 15 años de experiencia, los que ha construido en organizaciones públicas y medios de comunicación como El Mercurio, La Tercera y Canal 13. 

“Actualmente ingreso a trabajar a la Facultad de Administración y Economía de la Usach para apoyar a los alumnos y alumnas a dar a conocer temas económicos de manera simple y sencilla para que puedan explicar cómo estos temas impactan en el bolsillo de todas las personas”, enfatiza el docente Carlos Agurto.

Quien también se suma al equipo es la periodista especializada en economía Verónica Moreno, quien ha trazado su camino de más de 15 años en comunicaciones en medios escritos como Diario Financiero, La Tercera y El Mercurio. También ha sido editora en distintos estudios económicos para el Banco Interamericano del Desarrollo, donde ha fusionado disciplinas como la economía y el periodismo, con el fin de que estos estudios sean entendidos por no expertos.

“Comienzo este desafío en la facultad muy contenta. Mi objetivo aquí es que los economistas sean capaces de traducir sus conocimientos de manera clara, hacia audiencias que no son expertas y que puedan entenderlo y que también puedan generar proyectos claros y entendibles para todas las personas que quieren entender de economía”, resalta la periodista Verónica Moreno, quien estará a cargo del electivo Redacción Política y Financiera.

La Línea de Comunicaciones busca que los estudiantes no solo comprendan en profundidad los fenómenos económicos, sino que también desarrollen herramientas para expresarlos con claridad, rigor y pertinencia en distintos formatos y audiencias, desde medios tradicionales hasta plataformas digitales.

Esta oferta de cursos fortalece la formación de nuestros estudiantes en características que potencian nuestra nueva malla, en especial la habilidad de comunicar economía.

De esta manera, el Departamento de Economía refuerza su compromiso con una formación que integra conocimientos técnicos y habilidades transversales, fundamentales para desenvolverse en un entorno donde la capacidad de comunicar es cada vez más valorada.

Pese a que ha tenido varias correcciones en los últimos meses por parte del Ejecutivo, la nueva propuesta de Financiamiento para la Educación Superior, que busca reemplazar al sistema actual, aún divide a economistas, exautoridades y centros de estudio, y existe incertidumbre sobre lo que pueda pasar post 11 de marzo.

Por Ricardo Olave

28 ENERO 2026

https://www.latercera.com/lt-board/noticia/que-va-a-pasar-con-el-proyecto-fes-y-el-fin-del-cae-tras-el-cambio-de-mando/

A poco del cierre del ciclo legislativo y con un cambio de gobierno en el horizonte, el debate sobre el financiamiento de la educación superior ha vuelto a tensionar la agenda educativa.

El instrumento de Financiamiento para la Educación Superior (FES), impulsado por el Ejecutivo como reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE) y del Fondo Solidario de Crédito Universitario, buscó desde su presentación oficial –en octubre de 2024 por el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional– cerrar lo que muchos consideran un problema del sistema, pero ha terminado abriendo varios flancos en temas como la sostenibilidad fiscal, la autonomía universitaria y el rol del Estado en el endeudamiento estudiantil.

Recordemos que el CAE es uno de los principales mecanismos de financiamiento para estudiantes que no acceden a la gratuidad. Opera a través de la banca privada con el Estado como aval, realizando el cobro directamente a los deudores, sin considerar sus ingresos tras egresar.

El FES, en cambio, busca reemplazar este esquema por un sistema de financiamiento contingente al ingreso, administrado directamente por el Estado. Bajo este modelo, los estudiantes no adquieren una deuda tradicional con un banco, sino que una obligación de pago que se activa sólo cuando alcanzan determinados niveles de ingreso.

¿Por qué nace la necesidad de eliminar el CAE? Para las arcas fiscales, el sistema se ha vuelto un dolor de cabeza, ya que su cobranza se ha vuelto cuesta arriba ante el escenario de morosidad de cerca de un 70% de sus beneficiarios (entre ellos, varias autoridades).

Para Carlos Williamson, profesor e investigador de CLAPES-UC, el CAE está agotado: “La tasa de interés es del 2%, pero el Estado paga a la banca cerca de un 6%”, explica. A eso se suma la imposibilidad de pago para muchos deudores. “Una persona con una deuda de 20 millones y un ingreso de 800 mil pesos puede necesitar 40 años para pagar. Eso es inviable”, ejemplifica.

Sin embargo, el FES tampoco es una propuesta que convenza del todo a las comunidades involucradas. Desde su diseño original hasta ahora, ha pasado por varias adaptaciones, quedando hoy en lo que los especialistas llaman “CAE 2.0”: un crédito contingente al ingreso, con tasas explícitas y límites de pago, que intenta corregir las fallas más evidentes del esquema vigente sin desarmar completamente su lógica.

Sin embargo, las preguntas de fondo persisten: ¿Es fiscalmente sostenible el nuevo diseño? ¿Qué riesgos asume el Estado?¿Cómo impacta a universidades y estudiantes?

A ellas se suma una duda más urgente: ¿qué ocurre si el proyecto no se aprueba?

Algunas críticas al nuevo sistema

Raúl Figueroa, exministro de Educación y actual director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, es una de las tantas voces críticas del FES.

Desde su experiencia en la implementación del sistema de gratuidad durante el segundo gobierno del expresidente Piñera advierte que el proyecto, tal como fue presentado inicialmente, “tensiona la autonomía universitaria y redefine de manera problemática la relación entre el Estado, las instituciones y los estudiantes”.

Figueroa plantea que el debate no debería centrarse en un reemplazo total del modelo vigente, sino en “la corrección técnica de sus principales falencias”, apuntando a que la cobranza del CAE “se volvió muy compleja, fundamentalmente por razones políticas”.

Para Carlos Williamson, de CLAPES-UC, el error de origen del FES fue “plantear una transformación completa del sistema de financiamiento”. Para el analista, el principal problema histórico no es el financiamiento institucional, sino el financiamiento estudiantil.

El proyecto original del FES tuvo que eliminar dos puntos centrales. El primero fue la eliminación del copago, que implicaba que “cerca del 90% del financiamiento de las universidades pasara a depender del Estado”.

El segundo eje era la recuperación de los recursos públicos. “El Estado destinaría del orden de mil millones de dólares anuales entre garantías, recargas y costos asociados al diseño del sistema”, explica Carlos Williamson, lo que convertiría al modelo en un activo pasivo encubierto desde el punto de vista fiscal.

Hoy, tras el avance de la discusión y el acercamiento de posiciones, Williamson cree que la pregunta más importante es plantear si seguir con el formato actual o avanzar hacia uno nuevo, corrigiendo lo menos favorable de la idea original.

Las principales correcciones al modelo inicial

Uno de los puntos más conflictivos del proyecto original del FES, en un principio, era su impacto sobre los ingresos de las instituciones de educación superior, particularmente por la eliminación de los copagos para estudiantes de los deciles 7, 8 y 9, que no acceden a gratuidad.

Según Víctor Salas, economista de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, esa fórmula afectaba directamente los aranceles de pregrado y profundizaba una tendencia ya presente, como es la homogeneización de la oferta académica.

“El pago fiscal por gratuidad está determinado por el arancel regulado, vinculado a los años de acreditación institucional. Eso genera una suerte de imitación inmovilizadora para las instituciones”, señala. Las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo buscaron corregir ese punto, reponiendo el esquema de copagos diferenciados y resguardando la autonomía institucional.

El Ejecutivo ha defendido el FES destacando su alineación con buenas prácticas internacionales, en particular con el sistema HELP de Australia, uno de los modelos más citados de financiamiento contingente al ingreso. En efecto, existen similitudes relevantes, con tramos de pago asociados al ingreso y porcentajes de devolución progresivos.

Sin embargo, también hay diferencias estructurales. En Australia, el porcentaje máximo de pago llega al 10% del ingreso, mientras que el FES fija un tope del 8%. Además, el cobro se realiza directamente a través del sistema tributario.

Otra diferencia clave es el tratamiento del tiempo. Mientras que en Australia la deuda no prescribe y el Estado asume permanentemente los montos no recuperados, el FES establece un límite de pago: dos años por semestre cursado, con un máximo de 20 años.

“Con ese tope, existirá un grupo que no devolverá todo lo utilizado del fondo”, advierte Víctor Salas.

En una reciente columna en el diario El País, los ministros Nicolás Grau (Hacienda) y Nicolás Cataldo (Educación) explicaron que el proyecto del FES fue “sustantivamente corregido” para viabilizar un acuerdo amplio, tras críticas técnicas y políticas. Allí, plantean que el Ejecutivo cedió en puntos clave para resguardar la viabilidad fiscal, la autonomía institucional y el interés de las familias.

A ojos de Williamson el avance es “muy sustantivo”, al punto de que justifica plenamente entrar en la llamada “idea de legislar”, pensando que no ha sido votado para avanzar en la Comisión de Educación del Senado.

En cambio, el exministro Raúl Figueroa, aunque reconoce que las modificaciones son relevantes, advierte que el proyecto mantiene un problema estructural al “cambiar la lógica del financiamiento desde un crédito al estudiante hacia un esquema que, en la práctica, funciona como un impuesto a los egresados y como financiamiento institucional para las universidades”.

Las dudas desde la macroeconomía

Pasando al lado macroeconómico, las voces son críticas ante un escenario que no resulta particularmente auspicioso para un sistema que dependerá de la capacidad futura de pago de sus beneficiarios.

Así, al menos, lo sitúa el economista de la USACH Víctor Salas. Las proyecciones de crecimiento para 2026, detalla, se mueven en rangos similares a los de 2025, entre 2,2% y 2,4%, con una leve mejora recién hacia 2027, cuando podrían acercarse al 3%.

“Estamos limitados por el producto tendencial, que hasta 2028 se proyecta en torno al 2% o 2,5%. Cualquier expansión en estos años será esporádica y difícil de sostener en el mediano plazo”, señala.

Desde una perspectiva más crítica, Constanza Lara, directora legal de Acción Educar, sostiene que el FES presenta serios problemas de sostenibilidad fiscal y que, incluso, podría resultar más costoso que el CAE.

Lara cita al Consejo Fiscal Autónomo, que ha señalado que el FES, evaluado de manera aislada, es deficitario. “El ahorro que se pretende con el proyecto no viene dado por el FES, sino por otros elementos, como la postergación de la ampliación de la gratuidad o la eliminación de becas”, argumenta.

A su juicio, uno de los principales riesgos técnicos es asumir una recuperación del 100% de quienes debieran pagar, un supuesto que ya ha fallado en experiencias previas. Y aunque valora que se haya corregido la eliminación total del copago, sostiene que las reglas siguen siendo insuficientes para aliviar la presión financiera que enfrentan las universidades.

“Los recursos actuales no permiten invertir en innovación, investigación o vinculación con el medio, exigencias clave para la acreditación”, advierte.

Considerando que quedan sólo semanas para el cambio de mando, y que el proyecto podría archivarse o dilatarse indefinidamente, ¿qué alternativas reales existen de que sea aprobado?

El exministro Figueroa dice: “Lo que corresponde, a mi juicio, es seguir perfeccionando este sistema de crédito. Si se avanza en ese perfeccionamiento, es posible consolidar una combinación virtuosa entre becas y créditos”.

El escenario de un rechazo legislativo no está descartado. En ese caso, Víctor Salas, de la USACH, plantea que los ajustes prioritarios pasan por rediseñar completamente el modelo de crédito: sacar a la banca como intermediario, trasladar el cobro al agente tributario, permitir pagos anticipados y establecer copagos flexibles.

Por su parte, Carlos Williamson dice que postergar la decisión agrava el problema. La pregunta ya no es si el CAE debe cambiar, sino cómo y cuándo. Y el tiempo, tanto de la propuesta original como el posible debate en el Congreso, se está acabando.

Puedes revisar el reportaje completo en La Tercera https://www.latercera.com/lt-board/noticia/que-va-a-pasar-con-el-proyecto-fes-y-el-fin-del-cae-tras-el-cambio-de-mando/